Las tarifas del servicio eléctrico en Venezuela se calcularán según la moneda de mayor valor en el mercado; así lo comunicó este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, después de la aprobación de una reforma parcial de la ley eléctrica que intenta atraer inversiones privadas y reorganizar las condiciones de prestación del servicio.
En entrevistas ofrecidas a los medios, el presidente del Parlamento subrayó que el nuevo plan abarca la implementación de subvenciones, orientadas a aquellos ciudadanos cuyos salarios no alcancen para cubrir el costo total del servicio.
De acuerdo con Rodríguez, la regulación marca una diferenciación entre los usuarios habitacionales que necesitan ayuda financiera y los consumidores industriales o comerciales que pueden abonar las tarifas completas.
«Indexadas a la moneda de mayor valor. Sí, van a estar indexadas a la moneda de mayor valor, pero también con un régimen de subsidios, sobre todo aquellas personas que por razones de su nivel de ingreso no puedan pagar una tarifa plena como sí la pueden pagar los industriales o como sí lo pueden pagar aquellas personas que tienen actividades comerciales», explicó.
Aunque confirmó el sistema de indexación, Rodríguez no especificó las tarifas del servicio ni los criterios de elección de los usuarios que necesiten el subsidio.
Empresas privadas podrán traer electricidad de naciones vecinas.
Además de las modificaciones en el esquema de tarifas, la ley otorga a empresas privadas la autorización para llevar a cabo proyectos de generación eléctrica, establecer plantas propias e incluso importar electricidad de países vecinos.
Rodríguez explicó que la regulación tiene como objetivo atender las necesidades de las industrias y sectores que presentan una gran demanda de energía.
«Ahora, yo sí creo que es necesaria la apertura para que el sector privado también pueda proporcionar el servicio de energía eléctrica, sobre todo a los grandes consumidores: sobre todo a las industrias, sobre todo a los centros comerciales, sobre todo… Y que se concentre el Estado sobre todo en mejorar el servicio de energía eléctrica a los vecinos, a las vecinas, a las poblaciones, sobre todo en la zona del occidente del país», dijo.
El nuevo marco normativo crea una superintendencia especializada, encargada de monitorear las tarifas de los proveedores privados y el funcionamiento del sistema de distribución. La legislación establece penalizaciones por deficiencias en el servicio, perjuicios a la infraestructura pública y promesas engañosas que afecten los derechos del consumidor.
